Coordinación de Actividades Empresariales: cuando la fatiga burocrática llega antes que el riesgo
- Un artículo de Alejandro Guillén Olague, director técnico de la Asociación de Empresas de Mantenimiento deEnergías Renovables (Aemer) para la revista Energías Renovables
Madrid, 22 de julio de 2025
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Avanzar hacia una Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) adaptada al sector –con criterios técnicos, formativos y documentales normalizados– no es una opción, sino una necesidad estratégica. De ello se hablará el 17 de septiembre en la jornada técnica ‘La importancia de la prevención de riesgos’, que se celebra en Madrid. Es un artículo de Alejandro Guillén Olague, director técnico de Aemer.
La madurez del sector de las energías renovables en España ha consolidado el foco de atención en un elemento clave de la gestión de las plantas: la eficiencia operativa y la seguridad en el trabajo en las tareas de mantenimiento. En este contexto una de las cuestiones más críticas es la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) de los participantes en las tareas, una obligación legal convertida en uno de los desafíos organizativos más engorrosos en la fase de explotación de proyectos renovables.
Aemer, en su Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), tiene entre sus prioridades, reflexionar sobre la sobrecarga documental/trabajo burocrático elevado, con excesiva solicitud de documentos que no aportan valor preventivo del riesgo de accidente para las empresas que realizan labores de mantenimiento y/o explotación de las plantas.
Los participantes en este grupo indican que muchas veces se presta más atención a verificar sí los papeles están correctos según la normativa vigente que al control y seguimiento durante el desarrollo de los trabajos en campo, vigilancia necesaria para asegurar el adecuado y seguro desempeño de las diferentes actividades.
Por tanto, es el momento de valorar diferentes propuestas para transformar un marco percibido como excesivamente burocrático en una herramienta de prevención eficaz y proporcional.
Una normativa desfasada para un sector en plena evolución
El marco legal que regula la CAE –principalmente la Ley 31/95, el Real Decreto 171/2004 y la Ley 54/03– se diseñó pensando en entornos industriales tradicionales. Su aplicación a proyectos renovables, especialmente durante la fase de mantenimiento, ha generado múltiples interpretaciones, ineficiencias y cargas documentales desproporcionadas. Lejos de mejorar, la situación se ha agravado con el paso del tiempo: la solicitud de documentación ha aumentado, sin aportar un valor preventivo equivalente y sin retroalimentarse de los resultados de su puesta en práctica.
En este contexto, Aemer impulsa iniciativas para la simplificación administrativa y defiende una prevención centrada en la vigilancia y prevención efectiva y no en el acopio indiscriminado de papeles.
Del cumplimiento protocolario a la eficacia preventiva
Uno de los mayores inconvenientes detectados es la sobrecarga documental, alimentada por el criterio de “máximos”: ante la duda, se solicita todo. Este enfoque no sólo ralentiza los procesos, sino que desplaza la atención de lo verdaderamente importante –las condiciones reales de trabajo y los riesgos efectivos– hacia la mera comprobación de si los papeles están “en regla”.
Entre los documentos solicitados que no aportan un valor preventivo efectivo destacan:
• Certificados fiscales o de asociación a mutuas
• Aceptación del Plan de Seguridad y Salud
• Adhesión al Plan de Seguridad y Salud
• Informe de Siniestralidad de los últimos años
• Comunicación de accidentes mensuales
• Documentos TC exigidos a empresas extranjeras que ni siquiera emiten equivalentes
Estas prácticas generan fricciones innecesarias y exclusiones arbitrarias, de forma general, aunque la situación es especialmente grave en el caso de trabajadores autónomos, que están sometidos a exigencias pensadas para empresas, como evaluaciones de riesgos o concertación con servicios de prevención ajenos, pese a no estar legalmente obligados.
Una CAE adaptada al mantenimiento y no solo a la obra
La transición entre la fase de construcción y la de mantenimiento plantea retos específicos. En esta etapa, cambia el marco legal aplicable (de RD 1627/1997 a RD 171/2004), así como los agentes responsables de la coordinación. A menudo no está claro quién debe aplicar qué medidas, sobre todo durante las pruebas funcionales, lo que genera confusión normativa y lagunas en la prevención.
En el mantenimiento, los titulares, contratistas principales y subcontratistas asumen la responsabilidad coordinadora. La figura del Coordinador de Actividades Preventivas debería ser clave en este entorno, pero en la práctica muchas veces está infrautilizada o su presencia es testimonial. A ello, se suma una aplicación desigual del recurso preventivo, inspecciones poco sistematizadas y la falta de reuniones periódicas de coordinación.
Formación, vigilancia y cultura preventiva: la triada descuidada
AEMER indica grandes disparidades en la formación preventiva, tanto en duración como en contenidos. No hay criterios homogéneos para trabajos en altura, riesgo eléctrico o primeros auxilios. A esto se añade la escasa participación de los representantes del personal en la planificación formativa o en la investigación de accidentes, un déficit que impacta en la cultura preventiva del sector.
Otro punto débil es la vigilancia activa. Se prioriza la revisión documental, pero no se refuerza la presencia de personal cualificado en campo, ni la inspección conjunta entre propiedad y contratista, lo que debería ser una buena práctica sistemática. Tampoco hay criterios comunes sobre los reconocimientos médicos, su periodicidad o su vigencia, lo que deja vacíos legales que entorpecen la coordinación.
En cuanto a los equipos de protección individual (EPIs), se observa una falta de trazabilidad. Aunque los de trabajo en altura suelen estar revisados, el resto no suele tener un mantenimiento preventivo documentado. La congruencia entre lo indicado en las evaluaciones de riesgo y lo entregado realmente es aún mejorable.
Propuestas clave del grupo de trabajo de Aemer
Para revertir esta situación, el Grupo de Trabajo de PRL de Aemer ha planteado varias líneas de actuación prioritarias:
1. Normalización documental: Establecer un listado consensuado de documentos que realmente sean necesarios y útiles, evitando redundancias y simplificando trámites para autónomos y pymes.
2. Homologación técnica de trabajadores y empresas: Avanzar en la implantación de un “documento sectorial PRL” que permita acreditar competencias, formaciones y aptitudes médicas válidas para todo el sector. Dentro del sello de calidad ISP de Aemer, ya se avanzó en esta línea.
3. Digitalización efectiva: Fomentar el uso de plataformas digitales de CAE que conozcan la problemática del sector y que se actualicen en función de la experiencia.
4. Fortalecimiento de la vigilancia y coordinación real: Promover inspecciones conjuntas, reuniones periódicas y una figura de coordinación activa en campo, no meramente administrativa.
5. Observatorio de siniestralidad: Crear una base sectorial de datos sobre accidentes, causas y medidas correctoras que permita identificar tendencias y compartir buenas prácticas.
Hacia una CAE sectorial, eficaz y proporcionada
El sector renovable español es un ámbito altamente especializado, donde confluyen gestores de activos, ingenierías, empresas de mantenimiento y autónomos, en entornos complejos y a menudo aislados. Exigir a todos ellos las mismas obligaciones, sin matices ni proporcionalidad, conduce a bloqueos, retrasos y, paradójicamente, a una menor prevención real.
Avanzar hacia una CAE adaptada al sector –con criterios técnicos, formativos y documentales normalizados– no es una opción, sino una necesidad estratégica.
Esto requiere diálogo con la administración, voluntad de cooperación entre empresas y asociaciones, y una visión compartida que trascienda el cumplimiento formal para centrarse en la eficacia real de la prevención.
Conclusión: de la carga al valor
Convertir la CAE en una herramienta útil y no en una traba burocrática es uno de los grandes retos del sector de las energías renovables.
En un entorno cada vez más competitivo, donde la eficiencia, la digitalización y la calidad del servicio son diferenciales clave, no se puede permitir que la gestión de la prevención quede anclada en modelos obsoletos o excesivamente rígidos.
Aemer, con su enfoque práctico y su vocación de consenso, retoma iniciativas pasadas y propone que actores –administración, promotores, contratistas y técnicos de PRL– asuman el desafío común de simplificar sin descuidar, de cooperar y de prevenir de forma eficaz y proporcional.
Su misión es ser un punto de encuentro de empresas expertas vinculadas a los servicios de Gestión de Activos, O&M (directos y transversales) que, aunque es el último eslabón de la cadena de valor de los proyectos renovables, es fundamental para asegurar la rentabilidad, disponibilidad y la sostenibilidad de los proyectos, alargar la vida de los activos, consolidar el tejido industrial y empresarial local. El próximo 17 de septiembre organiza en Madrid la Jornada Técnica: La importancia de la prevención de riesgos ante el progresivo envejecimiento de parques renovables y el alto crecimiento de nuevos proyectos, en la cual se discutirán estos temas y otros de gran valor preventivo.
